LA CÁMARA CONFIRMÓ LA MEDIDA CAUTELAR POR LA QUE ORDENA A EMOVA, SBASE y el GOBIERNO de la CIUDAD, LA COMPLETA DESABESTIZACIÓN DEL SUBTE.

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó en un todo la sentencia de primera instancia que había dispuesto, como medida cautelar, la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con Asbesto, en particular en las distintas formaciones en uso o que hayan estado en circulación, y en otros sectores como Instalaciones Fijas, Usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales, etc.

 

Dicha resolución, dispuesta el 27 de enero de 2020, corroboró las denuncias que venía realizando la AGTSyP sobre la presencia de Asbesto en el Subte. En dicho expediente, a su vez, se tuvo a nuestra organización sindical como representante de los intereses colectivos de todos los trabajadores y trabajadoras para continuar la exigibilidad de la decisión judicial y cumplir con la recomposición del daño ambiental generado por las demandadas.

 

Frente a los recursos de METROVÍAS – hoy EMOVA -, SBASE y el Gobierno de la Ciudad, todos demandados en el amparo ambiental en trámite, la Cámara por decisión unánime consideró que: a) el Ministerio de Salud de la Nación dictó la Resolución número 845/2000, de Prohibición del Asbesto, variedad Anfiboles,  y luego, en el año 2001 la Resolución número  823/2001, mediante la cual se prohibió la producción, importación, comercialización y uso de fibras de Asbesto, variedad Crisotilo, y productos que las contengan a partir de enero de 2003. De sus considerandos, surge que la interdicción encontró fundamento en la existencia de pruebas científicas concluyentes de los efectos carcinogénicos de la exposición al Amianto; b) corresponde poner de resalto que la vida de las personas y su protección ─en particular, el derecho a la salud─ constituyen un bien fundamental que debe ser protegido indudablemente; c) que  del análisis de las constancias adjuntadas a la causa permite se observar, que si bien la demandada ha instado acciones tendientes a sanear el daño ambiental que habría sido ocasionado por asbesto en la red de subterráneos y en las unidades adquiridas —con presencia de dicha sustancia―, lo cierto es que ello no ha resultado suficiente hasta el momento para justificar el incumplimiento de las expresas obligaciones impuestas a su cargo conforme surge del plexo normativo reseñado; d) que ha quedado demostrado que la exposición al asbesto es determinante de riesgo y que su presencia puede ocasionar un grave daño ambiental y a la salud, independientemente de las concentraciones existentes; e) y que el Gobierno no ha logrado demostrar que la creación de la Comisión y el programa elaborado resulten suficientes para dejar sin efecto la tutela preventiva concedida en la instancia de grado, a poco que se observe el alto grado de configuración del derecho de los reclamentes y el peligro en la demora.

 

En consecuencia, conforme lo que ha venido señalando la AGTSYP, ahora por decisión firme de la Justicia, ha quedado establecido: 1) la presencia del contaminante Asbesto en el ámbito del Subte; 2) ello pese a expresas normas prohibitivas de su uso y/o manipulación; 3) la obligación de completa desabestización y recomposición del daño ambiental; 4) la legitimación activa de la AGTSYP para representar a los trabajadores y trabajadoras expuestos a dicho contaminante; 5) que pese a las medidas adoptadas, a la fecha de la sentencia de cámara – 17/2/2023 – no se ha eliminado el Asbesto por lo que continúan a cargo de las demandadas – GOBIERNO DE LA CIUDAD, SBASE y EMOVA – todas las obligaciones para cumplir con la tutela preventiva dispuesta por la medida cautelar confirmada por la Cámara; 6) que la exigencia de desabestización es absoluta, independientemente de las concentraciones existentes.

 

Guillermo Gianibelli, abogado de la AGTSYP.